Firma digital para los Escribanos de San Luis

La Institución legal de la Provincia rubricó un acuerdo con la ULP para poder identificar a  los escribanos que posean firma digital.

El rector de la Universidad de La Punta (ULP), Alejandro Munizaga, y la presidenta del Colegio de Escribanos, Dirce Elia Bona, firmaron un documento para validar la identidad de los escribanos que trabajarán con firma digital.

Al respecto, Bona explicó que, por ejemplo, si jura un profesional como escribano habrá que brindarle firma digital, y el encargado de acreditar a la persona como profesional y matriculado será el Colegio de Escribanos. Las personas del consejo directivo y los empleados serán los responsables de verificar su identidad para la emisión de los certificados de firma.

Actualmente, todos los documentos que se ingresan al Registro de la Propiedad de San Luis son vía gestor o en persona, a veces se viajan 100 ó 200 km para realizar algunos trámites. Gracias a la firma digital se pedirá un certificado que acredite en qué condiciones jurídicas de dominio se encuentra una propiedad, si tiene embargo, hipoteca, quién es el propietario, etc. “Esto nos ahorra tiempo, dinero y toda la seguridad que da la firma”, aseguró Bona.

El Colegio de Escribanos de San Luis es el único en el país que tiene un convenio para la utilización de esta nueva herramienta. A través del Portal Puntano y con la Cédula de Identidad Provincial Electrónica (CIPE), la Institución tendrá una clave para acceder a todos los trámites en el Registro de la Propiedad.

Por otra parte, la Presidenta del Colegio de Escribanos contó que en abril se reunirán todos los colegios notariales del país, donde se desarrollará un foro con el tema Firma Digital. “Queremos que el Rector participe de la apertura y explique la Política Digital del Gobierno de la Provincia, porque es algo en lo que San Luis está a la vanguardia”, precisó Bona.

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Firma Digital en Documentos Electrónicos con AFIP

La AFIP reglamentó la firma digital en documentos electrónicos para trámites ante ese organismo, buscando ofrecer seguridad en las transacciones con la entidad.

El reglamento de la ley 25.506, se publicó en el Boletín Oficial. Esto representa el reconocimiento del empleo de la firma digital, y su total eficacia jurídica.

Para el organismo, esa ley “ha provisto un marco legal que otorga seguridad en las transacciones electrónicas, garantizando la integridad de los documentos digitales o electrónicos, permitiendo verificar la autenticidad y el no repudio de los mismos”.

“El instrumento consiste en un documento electrónico en formato PDF, que permite ser firmado digitalmente dentro de su estructura y al que se le podrán adjuntar diferentes archivos o documentos digitales en diferentes formatos, hasta un tamaño de 20 megabytes”, según el texto oficial.

Aclaró que la implementación del sistema será “de forma gradual y tendrá validez para las comunicaciones con los contribuyentes y terceros que interactúen con el organismo”. Los trámites que se podrán realizar a través de este sistema “serán normados oportunamente para cada caso en particular”, de acuerdo con la disposición, que lleva la firma del titular del área, Ricardo Echegaray.

El nuevo sistema podrá encontrarse en la página web de la entidad bajo el nombre “Comunicaciones Electrónicas” (Formulario 8009).
El ente recaudador destacó que “el objetivo permanente de esta institución es implementar herramientas tecnológicas que optimicen las gestiones internas y externas del organismo”.

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Firma digital para los Escribanos en Buenos Aires con AFIP

La AFIP y Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires acordaron la utilización de la firma digital para la homologación de documentos. La firma digital consiste en un conjunto de datos asociados a un documento, que proveen los siguientes servicios: por un lado garantiza la autenticación de identidad del firmante, el emisor no puede desconocer el contenido del documento y finalmente impide que la información sea alterada.

Los documentos y las transacciones electrónicas tomarán un valor equivalente al que tienen con la firma hológrafa, con la diferencia de que el nuevo sistema genera mayor seguridad, rapidez, facilidad, disponibilidad de la información y transparencia de los actos públicos.

La Firma Digital se basa en la tecnología PKI (Public Key Infrastucture), y contempla la existencia de dos claves electrónicas relacionadas entre sí generadas a través de un proceso informático. Una clave es pública y estará disponible para que cualquiera la pueda consultar, y la segunda es privada y de uso exclusivo del usuario.

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Firma digital para los colegiados

El Colegio Público de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y la Suprema Corte bonaerense firmaron un convenio para desplegar el uso de la firma digital, esta vez, ampliando de forma paulatina, el uso a todos los colegiados.

Agosto fue un mes de grandes novedades en términos informáticos para la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA). Es que además del nuevo reglamento para implementar paulatinamente las presentaciones electrónicas, también se presentó un nuevo mecanismo de firma digital, que será de uso exclusivo para escribanos y para el Registro de la Propiedad Inmueble provincial.

En este sentido, su última iniciativa compete al trabajo de los abogados. Es que ahora, el uso de la firma digital también será extensivo para los letrados, debido a un convenio celebrado con el Colegio bonaerense (COLPROBA), que ahora podrán utilizar esta nueva tecnología, que también será puesta en funcionamiento de forma progresiva.
En las cláusulas del convenio se precisa que “la Suprema Corte arbitrará las medidas tendientes a garantizar la recepción y el diligenciamiento de las cédulas de notificación de la mediación por parte de las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones, sus delegaciones y los Juzgados de Paz, pertenecientes a esta Jurisdicción Administración de Justicia, remitidas en función de las disposiciones contenidas en las cláusulas que integran el presente Convenio.
“A los fines indicados la Suprema Corte dictará las reglamentaciones, aprobará los formularios y modelos necesarios para el cumplimiento de dichos fines.”
Asimismo, el Colegio de Abogados bonaerense se comprometió a “recibir en las cabeceras departamentales y sedes descentralizadas de Avellaneda, Lanús, Tandil, Tres Arroyos y Olavarría, – a su exclusivo cargo y costo- las cédulas de notificación a que se refieren los artículos 10 de la Ley 13.951 y 9 del Decreto Reglamentario Número 2530/10”.
Esa misma institución será la encargada de arbitrar “las medidas conducentes para denunciar dentro de los cinco días hábiles de la suscripción del presente las sedes donde se recibirán y retirarán las cédulas pertenecientes a la mediación”.
“Como así también la nómina de personal autorizado para la suscripción del listado de cédulas y su posterior remisión y retiro de dichas diligencias, los que se encontrarán habilitados para presentarse en las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones, o las delegaciones correspondientes para la realización de las tareas descriptas en esta cláusula.”
En otro orden, los plazos de la puesta en funcionamiento del sistema quedarán a cargo del Máximo Tribunal provincial: “La Suprema Corte determinará la puesta en vigencia del sistema de notificación del régimen prejudicial citado a través de la disposición pertinente”.
Entre otras cuestiones, las partes acordaron “mantener un fluido diálogo a los efectos de salvar cualquier tipo de dificultad que pudiere surgir durante su vigencia. Lo convenido en el presente podrá ser reglamentado, modificado, o ampliado, por las partes de mutuo acuerdo conforme a la evolución y los requerimientos del marco de colaboración que se establece, ya sea mediante actas complementarias o adendas debidamente conformadas”.
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Más de 53.000 sanluiseños ya poseen firma digital

En la conferencia de prensa que se realiza luego de la reunión de Gabinete, Alejandro Munizaga, rector de la Universidad de La Punta (ULP), manifestó hoy que son 53.219 los sanluiseños que ya tienen la firma digital a través de la Cedula de Identidad Provincial Electrónica (CIPE).

Éste fue uno de los temas planteados por el Rector de la casa de estudios, en la habitual rueda de prensa que se genera los lunes en Terrazas del Portezuelo.

“Desde el Instituto de Firma Digital queremos dar a conocer algunos números que afirman el crecimiento: ya son 53.219 los sanluiseños que tienen firma digital a través de la CIPE, 2.200 los funcionarios del Gobierno provincial, y 154 las personas que también poseen firma digital y representan a empresas privadas, como es el caso de SAPEM Constructora”, manifestó Munizaga. Y comentó que algunos inspectores municipales igualmente tienen el beneficio de la firma digital, lo que les permite desde cualquier punto de la provincia presentar las certificaciones de obras. “De esta manera se agiliza el trabajo y se presenta en formato digital una gran cantidad de documentación que estaba antes en papel”, aclaró el Rector.

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Promueven uso de la historia clínica digital

Está previsto que se eleve al Congreso en los próximos días, una ley específica sobre Historia Clínica Electrónica (HCE), que regule aspectos puntuales como los registros médicos informatizados, la aplicación de la firma digital en este ámbito, la protección de datos de personas sensibles, pautas específicas de confidencialidad y seguridad de la información.

La iniciativa está impulsada por la Fundación Clementina, que lanzó una serie de propuestas que incluyen la utilización de soluciones tecnológicas para mejorar la atención sanitaria.

Desde la fundación, proponen iniciar el debate sobre una Ley Nacional de la Salud, en el Congreso Nacional, que incluya un aprovechamiento intensivo de la tecnología.

No es la primera vez que desde la industria se establece la importancia de contar con la HCE y de hecho hay organizaciones de salud privadas que ya han incorporado algún estadio de esta implementación.

La discusión de una ley específica debe atender también a la necesidad de estandarizar la información para que los sistemas puedan interactuar y así construir un “repositorio nacional de datos clínicos, que sirva para todos más allá de la financiación y del sitio prestador de servicios”.

La modernidad, obliga necesariamente a modificar normas antiguas, por ello la fundación promueve la derogación del inciso 7 del artículo 19 de la ley nacional del ejercicio de la medicina (Ley 17.132) que sólo reconoce la validez de la receta manuscrita de puño y letra del profesional de la salud.

“Esa legislación, vigente a pesar de las leyes posteriores que modernizaron algunos aspectos del sistema de salud, impide la concreción de la receta médica electrónica, que optimizará los tiempos para los ciudadanos y el flujo por parte de los prestadores de los distintos servicios”, apuntaron.

La fundación presentada oficialmente con el documento de salud, ya cuenta con acuerdos de cooperación con la Universidad de Tres de Febrero, mientras prepara el Foro de Debate de políticas públicas de tecnología, previsto para fines de este año.

Fuente: eldia

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El certificado de antecedentes penales ya se emite en forma digital

El nuevo sistema fue presentado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, la Directora del Registro Nacional de Reincidencia, Mónica Litza y el Secretario de DD HH, Martín Fresneda. Permitirá ahorrar costes y realizar el trámite de manera más ágil y segura.
El Registro Nacional de Reincidencia comenzó a extender el certificado de antecedentes penales en formato digital, en sustitución del tradicional que se emitía en soporte papel.

El nuevo sistema fue presentado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Julio Alak; la Directora del Registro Nacional de Reincidencia, Mónica Litza; el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda y el Subsecretario de Coordinacion y Control Registral, Ernesto Kreplak.

La emisión del certificado de antecedentes penales en forma digital forma parte de la profunda transformación que lleva adelante Mónica Litza en el Registro Nacional de Reincidencia.

«Es muy destacable lo de Mónica y un fenómeno lamentablemente no muy usual, porque a su indudable capacidad intelectual suma su fuerte compromiso militante y eso le imprime mucha dinámica a la gestion», valoró el Ministro Alak, quien remarcó también la labor de la funcionaria avellanedense en su paso por el Senado de la provincia de Buenos Aires, desde donde «impulsó trascendentes proyectos de ley».

«Nos propusimos tener un organismo moderno, transparente y acorde a los nuevos desarrollos tecnológicos. Con este cambio avanzamos en la idea de alcanzar un organismo inteligente, que acerque soluciones a la gente», sostuvo Litza por su parte.

El certificado de antecedentes penales es un documento cada vez más requerido y en la actualidad lo tramitan más de un millón de personas por año.

Hasta ahora, para cumplimentar ese trámite había que dirigirse dos veces a los centros de atención. Una para iniciar el trámite, con la toma de impresiones digitales, y otra para retirar el certificado. En cambio ahora, quienes no registren antecedentes penales, sólo tendrán que acercarse a la oficina correspondiente una sola vez. En esa instancia les será entregado un código de trámite, con el que podrán ver el certificado ingresando a la página web del Registro o a la del Ministerio de Justicia. El solicitante le podrá extender su código a quien lo requiera para verificar la no existencia de antecedentes penales.

Objetivos cumplidos
Al término del acto realizado ayer en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en diálogo con la prensa, Litza se mostró más que satisfecha con el nuevo sistema. «Significa el cumplimiento de un objetivo muy importante que nos propusimos cuando decidimos transformar el organismo. Es muy lindo ver los resultados de aquello que nos planteamos cuando iniciamos la gestión, que no es otra cosa que dar soluciones a la gente».

Sobre el nuevo trámite, Litza explicó que «no solo será menos engorroso y permitirá ahorrar gastos de papel, elementos de impresión y correo postal, sino que a la vez brindará mayor seguridad, inalterabilidad e inviolabilidad al documento. Dimos un paso más en ese imprescindible proceso de despapelización de los actos jurídicos y de la administración pública», sostuvo.

Litza señaló además que «este proyecto que concretamos hoy, forma parte del Plan Estratégico diseñado por el Ministro Julio Alak y el Viceministro Julián Alvarez, cuyo principal objetivo es mejorar la prestación de los servicios y fue elegido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como proyecto prioritario».

Por último, Litza destacó que «La emisión del certificado en formato digital no es una cuestión meramente técnica. Se trata de poner a la gestión en línea con la política del Gobierno Nacional. Avanzamos decididamente en mejorar el servicio que brindamos aplicando la tecnología al servicio de la comunidad…».

El acto de presentación del nuevo certificado de antecedentes penales en forma digital contó también con la presencia de Marita Perceval, Subsecretaria de DDHH; José Sbatella de la UIF (Unidad de Investigacion Financiera); el titular de la Oficina Nacional de Tecnologia de la Información, Pedro Janices; el Director Nacional del Registro Nacional de Armas (RENAR) Matias Molle y Pablo Fontdevila, Director Ejecutivo del Programa Conectar Igualdad (ANSES), entre otras autoridades nacionales.

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La Provincia de Buenos Aires implementará la firma digital

El gobierno provincial  de Buenos Aires lanzará el próximo 19 de junio la operativa la Firma Digital y un software específico para memorándum electrónicos diseñado y coordinado por el Programa de Fortalecimiento y Modernización del Estado (ProFyM) y Ecom Chaco S.A. La iniciativa permitirá la agilización de los trámites y documentos de este tipo, que requieren la firma de un funcionario público para su legitimidad.

De esta manera, la provincia es nuevamente pionera en la aplicación de las nuevas tecnologías para la optimización del funcionamiento institucional. Para ello debió realizar las gestiones pertinentes ante Nación y alcanzar los requisitos técnicos, legales y reglamentarios para utilizar válidamente la firma digital.

El objetivo de implementar esta herramienta tecnológica en los sistemas administrativos y de gestión de los distintos organismos de la Administración Pública, es lograr un servicio más eficiente.

Según la legislación nacional y provincial, la Subsecretaría de Coordinación y Gestión Pública es el organismo de aplicación para los tres poderes del Estado provincial. “Contamos con todas las condiciones técnicas para otorgar su firma digital a los funcionarios públicos y extender luego al sector privado”, señaló la subsecretaria Maris Telma Gamón.

El proyecto se encuentra en fase piloto y una vez finalizada comienza el proceso de generación y validación de las firmas digitales de los funcionarios de las distintas áreas y dependencias del Estado Provincial, que deben ir asociadas a un trámite electrónico. De hecho, ya hay solicitudes de oficinas como el Registro de la Propiedad Inmueble que extienden una cantidad importante de documentos a los que se podría aplicar su validación.

Una vez implementada la firma digital y con el software adecuado dichos documentos podrán ser extendidos de manera electrónica sacando una ventaja de tiempo y recursos no sólo para el Estado sino también para los ciudadanos. “Desde el gobierno trabajamos en la aplicación y aprovechamiento de las nuevas tecnologías para brindar un mejor servicio a los ciudadanos y desterrar la idea de ineficiencia del Estado”, resaltó Gamón.

No obstante, la funcionaria aseguró que se trata de un proceso que el Estado no puede hacer aisladamente, por lo que se prevé además llegar a todos los municipios.

Legitimidad de la firma digital

La firma digital tiene la misma legitimidad que la realizada a pulso en papel. De esta manera, se resuelve el problema que existía para la digitalización de los documentos, por la desventaja que corrían frente a los documentos en papel que podían ser firmados hológrafamente.

La firma digital permite equiparar esa asimetría, haciendo posible que un documento electrónico resulte “firmado digitalmente”, dotándolo del mismo valor legal que el adquirido en papel con firma hológrafa. Esa marca efectuada sobre dicho documento electrónico permite detectar cualquier alteración producida sobre éste en forma posterior a su firma, evitando así la comisión de cualquier tipo de fraude.

Autoridad certificante

El funcionario debe obtener su firma digital a través de la autoridad de registro (la Subsecretaría de Coordinación y Gestión Pública). Allí, dentro del área de la Dirección General de Recursos Humanos, se constituyó una Autoridad de Registro, encargada de aceptar o rechazar las solicitudes a través de la validación de identidad y de otros datos de los solicitantes y suscriptores.

Gamón suscribió un convenio con la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI) para que la Autoridad Certificante de la Administración Pública preste su servicio en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial. “Recursos Humanos certifica la firma del funcionario y el vínculo con el Estado, el cargo y las responsabilidades”, explicó.

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Progresos de la Provincia de Buenos Aires en materia de Firma digital

Para agilizar los trámites vinculados a los servicios que el Estado brinda y los procesos que tienen lugar dentro de su Administración Pública, la Província de Buenos Aires actualizó el marco normativo de la Ley N° 13.666 que adhiere a la Ley Nacional N° 25.506 de Firma Digital, a través del nuevo decreto N°305/12.

“Por pedido del gobernador Daniel Scioli, avanzamos en la implementación del proyecto Firma Digital que significa otro gran avance en la despapelización y digitalización de los procedimientos de la Administración Pública. Estamos trabajando para tener un Estado cada vez más ágil y eficiente, donde las tecnologías estén al servicio de las personas”, expresó Roberto Reale, subsecretario para la Modernización del Estado.

Tal como explicó el gobierno de la provincia, a partir de las reuniones con la Corte Suprema provincial, se consideró necesario revisar el Decreto N°1388/08, reglamentario de la Ley N° 13.666, propiciando un nuevo régimen que, además de alinear la infraestructura de Firma Digital con la correspondiente al nivel nacional, descentralice y democratice las opciones de acceso al sistema.

“La adecuación normativa tiene por objeto favorecer la interoperabilidad y promover mecanismos de circulación de la información, incrementando la interacción entre los distintos organismos de la Administración Pública Provincial, el Estado Nacional, otros Estados provinciales y los municipios, en un entorno de máxima seguridad. Esta medida es parte de la intensa agenda de modernización que promueve el gobernador Daniel Scioli”, agregó Reale.

“Creemos que el Estado debe actuar como una plataforma de servicios al ciudadano. Por eso, con el subsecretario Mariano Greco de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y desde el COFEFUP, estamos trabajando para armonizar la implementación del sistema de Firma Digital en todo el territorio provincial y en otras regiones del país”.

La Provincia utiliza la Firma Digital a través del Sistema de Gestión de Informes (SGI), una aplicación web desarrollada por el área de sistemas que conduce la Subsecretaría para la Modernización del Estado, que permite digitalizar los circuitos de solicitud y respuesta de pedido de antecedentes penales, capturas y secuestros.

Fuente: http://www.canal-ar.com.ar/noticias/noticiamuestra.asp?Id=12093

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Aprobado el uso de la firma digital en Córdoba

Ayer, mientras se daban efusivos  abrazos de despedida, los legisladores acordaron aprobar una nueva reglamentación a los procesos administrativos, lo que permitirá utilizar la  firma digital en los trámites provinciales. Se trata de un instrumento pedido por José Manuel de la Sota para “despapelizar el Estado” durante su gestión.

Así, se modificó el código de procedimientos administrativos, ley que hasta ahora sólo preveía la obligatoriedad de estampar la firma manuscrita o autógrafa en cada trámite ante la Provincia, para darle validez legal.

Con esta nueva ley, la firma digital valdrá tanto como la manuscrita, lo que ofrecerá una mayor seguridad técn, pero manteniendo la seguridad jurídica”. No se trata de una firma “escaneada”, sino un proceso informático que le asigna a cada usuario una clave única.

La aprobación de la ley fue seguida por Daniel Passerini, quien dejó ayer de ser legislador y este sábado pasará a ser ministro de Desarrollo Social de De la Sota, ocupando uno de los sillones clave de la futura gestión.

Para justificar el nuevo procedimiento (que no es obligatorio), Passerini opinó que la firma digital “constituye un elemento esencial para otorgar seguridad a las transacciones digitalizadas, promoviendo el comercio electrónico seguro, de modo de permitir la identificación en forma fehaciente de las personas que realicen esos trámites”.

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